Por: José Delance
PATERSON, NJ.- La Oficina del Censo de los Estados Unidos publicó una propuesta para redefinir la “residencia habitual”, con el objetivo de excluir a todos los no ciudadanos del conteo de prorrateo y eliminar las cuestiones demográficas sobre raza, etnia y orientación sexual como puntos fundamentales para la realización del Censo 2030.
La propuesta que ha sometido la administración de Donald Trump se refiere a excluir del reparto que se corresponde con el Censo que se llevará a cabo el 2030 a los no ciudadanos. En dicha propuesta, presentada por la Oficina del Censo de Estados Unidos se indica modificar sustancialmente el censo de 2030, en donde se excluyan a los inmigrantes indocumentados y a ciertos residentes temporales del recuento de población utilizado para la asignación de los escaños que se correspodan con la Cámara de Representantes.
Este plan, dado a conocer publicamente este miércoles, busca redefinir el concepto sobre la base de la “Residencia Habitual”, para omitir a las personas que carecen de la residencia permanente legal, argumentando que dichas personas no poseen los vínculos ni la lealtad necesarios con los Estados Unidos para ser contabilizadas en la asignación de escaños para los representantes que ocuparían cargos en el Congreso de esta Nación.
Al respecto, la medida persigue tomar acciones particulares y específicas sobre los que deben ser contados en el Censo en una demarcación determinada, debido a que este cambio representa una ruptura significativa con la práctica histórica de contar a la “totalidad de personas” en cada uno de los estado, según lo estipulado por la 14ª Enmienda.
En otro aspecto, basado en los cambios en la residencia, la propuesta eliminaría las preguntas de larga data sobre raza, etnia y orientación sexual del cuestionario del censo. En este sentido, los funcionarios de la agencia sostienen que la eliminación de estas preguntas demográficas reduciría la carga para los encuestados y mejoraría la precisión general del recuento.
Es importante destacar que, desde el primer Censo en 1790, los datos sobre raza y etnia han sido un elemento fundamental de la encuesta decenal, sirviendo como recurso principal para que los estados rediseñen los distritos legislativos y para que el Gobierno Federal haga cumplir las leyes de derechos civiles y contra la discriminación.
Para la implementación de estos cambios, la Oficina del Censo indicó que podría recurrir a los registros administrativos de las agencias federales, incluyendo al Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, para verificar el estatus legal de las personas.
Debemos sealar que, la propuesta se encuentra actualmente abierta a un período de comentarios públicos de 30 días, un proceso que se espera genere un intenso escrutinio por parte de defensores de los derechos civiles y funcionarios estatales. Al respecto, los críticos advierten que la medida podría tener profundas consecuencias para la representación política y la distribución de la ayuda federal, particularmente en estados y ciudades con grandes poblaciones inmigrantes.
Por su parte, Meeta Anand, Directora sénior del Programa de Equidad de Datos y Censo de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, describió el impacto potencial de esta medida como “trascendental”, señalando que podría conducir a una representación inexacta de la población nacional.
Sobre este aspecto, los opositores indican que al eliminar datos demográficos y excluir a grandes grupos del recuento para la asignación de escaños, dentro de sus argumentaciones, que la administración está poniendo en riesgo la integridad de los datos utilizados para la toma de decisiones cruciales en materia de negocios, inversiones y política.
En ese tenor, debemos destacar que la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ya se ha manifestado en contra de la medida y, en su oposición al plan, ha citando lo que establece la Ley sobre el requisito constitucional de contar a todas las personas que residen en el país.
Es importante señalar que, esta propuesta se suma a los intentos previos de la Administración Trump de influir en la metodología del Censo, incluyendo lo ocurrido en 2020, en el que se añadió una pregunta sobre ciudadanía que finalmente fue bloqueada por la Corte Suprema de Estados Unidos con el argumento de que el gobierno proporcionó una justificación “artificial”.
Ya existen expertos en asuntos legales los cuales anticipan que el plan actual enfrentará desafíos similares en los tribunales federales, debido a que entra en conflicto directo con la interpretación tradicional de la Constitución estadounidense respecto al recuento de todas las personas.
Es bueno destacar que, esta medida de la Administración Trump se produce en medio de una mayor represión federal en contra de la inmigración, lo cual también ha incluido advertencias del Departamento de Justicia de que los estados podrían enfrentar reducciones en los fondos de asistencia social si no informan sobre los inmigrantes indocumentados. Aún falta mucho.
