Por: Jose Delance
Paterson, NJ.-Tomando las previsiones de lo que podría acontecer con el juicio político en contra del ex presidente Donald Trump, en vista de que los pretextos, aun teniendo sus fundamentos, no parecían albergar la contundencia de rigor para lograr el cometido al momento de ser sometido; lo cual a muchos le pareció que, al hacer nuestras aseveraciones, estábamos planteando acciones emotivas al respecto y de una u otra manera nos dio la razón por el análisis que exponíamos.
Es sabido por todos que el juicio político contra Trump ha terminado, pero debemos externar que se están haciendo otros esfuerzos para hacer frente a la diversidad de caos postelectoral que fueron presentados durante la gestión del ex mandatario y para este caso nos hacemos eco de que se hacen necesarias ciertos planteamientos mediante los cuales se busca dar continuidad al impedimento que se pretende sacar de circulación a Trump, una muestra de que el asunto apenas comienza.
Se trata del caso planteado por el estado de Michigan y la ciudad de Detroit, los cuales pidieron a un juez federal que sancione a los abogados que presentaron demandas que alegaban falsamente que la votación de noviembre fue fraudulenta; tratándose la primera iniciativa basada sobre varios esfuerzos similares que se esperan en todo el país en los próximos días.
Otro aspecto trata de que en Atlanta se inició una investigación criminal sobre si la presión que el ex presidente Trump y sus aliados ejercieron sobre los funcionarios estatales equivalía a un plan ilegal para revocar los resultados de las elecciones presidenciales y en ese sentido se han presentado demandas por difamación contra los aliados de Trump; indicando que se podría iniciar una avalancha de litigios civiles relacionados con afirmaciones falsas de que las elecciones fueron manipuladas y con el posterior motín del Capitolio durante el 6 de enero.
No obstante a que Trump fuera absuelto por el Senado de los cargos, su retórica incitó al mortal asedio al Capitolio y hemos visto que funcionarios públicos y empresas privadas están realizando esfuerzos legales sobre múltiples frentes para responsabilizarlo junto a sus aliados. Todo apunta al ex presidente y a muchos de sus colaboradores, incluidos funcionarios electos, expertos en medios y abogados, que se complacieron y se hicieron eco de sus falsedades sobre las elecciones.
Haciendo investigaciones al respecto, acorde con abogados y personas que apoyan dichos esfuerzos, se trata de imponer algún tipo de castigo para aquellos que ayudaron a socavar la confianza en los resultados de las elecciones y avivaron el ataque del 6 de enero al Capitolio. Sin embargo, aún más, se espera disuadir a otros funcionarios públicos de que vuelvan a ejecutar la estrategia de Trump de intentar anular el resultado de una elección sembrando dudas sobre la legitimidad del voto.
Si tomamos en cuenta que un juez federal en Washington D.C. el pasado viernes por la noche remitió a un abogado para una posible acción disciplinaria, es muestra de que se están tomando acciones que van en este sentido. En tanto, no se está claro hasta dónde podrían llegar los tribunales en la búsqueda de sanciones contra los abogados que pueden haber creído en sus propias teorías de conspiración, o si los fiscales finalmente presentarán cargos penales relacionados con las elecciones.
Debemos destacar, que el ex alcalde de la ciudad de Nueva York Rudolph W. Giuliani, quien se desempeñó como el principal abogado postelectoral de Trump, es el blanco de varias de las demandas que se han presentado, acorde con un mensaje de texto sobre las acciones judiciales en curso, las cuales involucran investigaciones penales más graves.
Se dice que más de 225 personas han sido acusadas de varios delitos directamente relacionados con el asalto al Capitolio el 6 de enero. Funcionarios del Departamento de Justicia han externado que no esperan presentar cargos penales contra Trump u otras personas que dieron discursos incendiarios en Washington DC durante ese día antes de la violencia; indicando que se trata de un caso complejo y que la investigación se encuentra en curso.
En otro orden, bajo las mismas circunstancias, se habla incluso de que varios abogados que están representando a presuntos alborotadores han señalado que planean argumentar que sus clientes simplemente estaban siguiendo lo que pensaban que eran las instrucciones de Trump ese día, lo que significa que podría haber una larga disputa legal sobre la culpabilidad del ex presidente.
Sobre los alegatos, un fiscal local hasta ahora está examinando directamente si Trump y sus aliados violaron las leyes estatales cuando intentaron revocar los resultados en Georgia. Se trata de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani T. Willis, quien le envió una carta a varios funcionarios estatales indicando que su oficina está examinando una variedad de cargos penales relacionados con “intentos de influir” en las elecciones de 2020.
Otro frente podría abrirse en Wisconsin, donde un recuento confirmó la victoria de Biden y no se encontraron indicios sobre los reclamos que se hacían respecto a las elecciones, en la cual se había creado un grado de incertidumbre que dejaba en ascuas a cualquier desconocedor de esa realidad.
